La Subjetividad Jurídica Internacional, o lo que es lo mismo, la condición de Sujeto de Derecho Internacional Publico, es la actitud que tiene un determinado ente para ser titular de derechos y Deberes Jurídicos Internacionales. Esta actitud es semejante a la Subjetividad Jurídica en Derecho Interno Estatal, tanto en el concepto como en su característica mas importante que es la de ser absoluta. En efecto, la cualidad del sujeto del derecho en el orden jurídico Interno o Internacional es absoluta en el sentido de que un ser humano o un conjunto organizado de seres humanos es o no sujeto del derecho pero no puede ser sujeto medias, es decir, no puede ser más o menos sujeto de derecho que otro.
Hemos apreciado que el Derecho Internacional se ha formado desde los Estados y ha forjado principios para su protección. Es por ello que de la soberanía y la independencia política surge el principio de no- injerencia en asuntos internos y de la prohibición al uso de la fuerza.
Sin embargo, con el crecimiento en la trascendencia jurídico internacional de la persona humana, la protección de sus derechos fundamentales más allá de las fronteras y entes soberanos, aparece un límite a la soberanía del Estado. A ello se suman los procesos de integración en virtud de los cuales el Estado cede parte de su soberanía a poderes e instituciones supranacionales.
Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos58/sujetos-derecho-internacional/sujetos-derecho-internacional2.shtml
El Estado Nación en el Contexto de Globalización Neoliberal
En primer lugar, la intervención del estado resulta más necesaria durante los períodos de recesión económica, no sólo para dinamizar el mercado sino también para hacer frente a las consecuencias sociales que los desajustes económicos van produciendo, con medidas de política y protección social. Estas actuaciones públicas han originado un fuerte crecimiento del gasto público, como consecuencia de la ampliación de los sistemas de protección social, que se ha producido para evitar que la crisis económica condujera también a una crisis social. El período de ajuste y adecuación de las economías nacionales al nuevo contexto internacional está siendo largo, por eso los estados han ido adquiriendo unos índices de endeudamiento elevados, lo que les ha obligado, en los últimos años, a promover políticas restrictivas que se han concretado en la disminución y descenso de los niveles de protección social. Esta situación ha provocado el debate en torno a la viabilidad del estado de bienestar, a corto y largo plazo, al encontrarse los gobiernos con dificultad para disponer de los recursos financieros necesarios para su desarrollo.
El modelo keynesiano sobre el que se fundamenta el estado de bienestar, y que se desarrolla a partir de la II Guerra Mundial, otorga al estado una función interventora, que se podría concretar en dos ámbitos:
1º) Política económica, por medio de la cual el estado se convierte en un elemento dinamizador del sistema económico, cuyo objetivo prioritario es el mantenimiento de la actividad, impulsando la producción, orientando la política de gasto y de inversión, y corrigiendo los desajustes que se van produciendo. El estado adquiere la función de reactivar la economía, especialmente en los momentos en los que el crecimiento constante no está garantizado, debido a las fluctuaciones a las que se encuentra sometido el mercado.
2º) Política social, a fin de conseguir: a) una distribución de la renta, mediante la financiación de un amplio sistema de servicios sociales de carácter asistencial, y de nuevo sistema de seguridad social, articulado en torno a un principio de reparto, que ha ido sustituyendo al de los seguros privados; b) promover el pleno empleo, estableciendo una política de concertación social que garantice elevados salarios y otras ventajas laborales; y, c) posibilitar los recursos suficientes para fomentar el consumo interno y contribuir al mantenimiento de la productividad.
Ambas políticas, la económica y la social, requieren una política fiscal, basada en un sistema progresivo y personalizado, que permita generar recursos suficientes para financiar la política económica y social.
La intervención del estado, como regulador de la vida económica, se justifica por tres razones: primera, para hacer compatible el modo de producción capitalista -en el que prevalece la lógica del beneficio- y el sistema democrático -en el que prevalece la lógica de la participación y de la redistribución-; segunda, para fomentar la actividad económica y lograr la consecución del pleno empleo; y, en tercer lugar, para evitar el conflicto social -tan intenso en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial-, alejando los peligros de guerras internas, y proporcionando unas cuotas de bienestar y seguridad para todos los sectores sociales.
Tomado de: http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/globalcrisis/100.HTM
No hay comentarios:
Publicar un comentario